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miércoles, 27 de diciembre de 2017

  • 27.12.17
Hace unos días comenzó la vista oral de los ERE tras siete años de instrucción del sumario, cuatro de ellos por parte de la jueza Mercedes Alaya quien, incluso cuando ya no le corresponde dictar sentencia, sigue sin querer perder protagonismo en una macrocausa que parece asumir como si fuera la única persona capaz de enjuiciarla y dictar veredictos de todo el estamento judicial.



La entonces parca jueza de instrucción, ahora magistrada de la Audiencia Provincial, no rehuyó a su habitual entrada en los Juzgados tirando de su inseparable maletita con ruedas –su famoso trolley– casi simultáneamente de cuando lo hacían los acusados más relevantes y mediáticos de la causa, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no fuera ser que se olvidara que había sido ella quien iniciara e investigara el caso de corrupción más voluminoso, por los folios del sumario y el montante económico de lo supuestamente defraudado, de la política española hasta la fecha, el llamado "caso de los ERE".

Incluso aprovechó tan esperado momento la magistrada Alaya para manifestar que le generaba "una incertidumbre fea" la sentencia que pudiera dictar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en caso de resolver un eventual recurso, ignorando, pese a ser juez, que sería el Tribunal Supremo y no el TSJA la instancia a la que habría que elevar esa probable apelación, en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015.

Ese afán de protagonismo ha empujado a quien fuera implacable justiciera a cometer una irrupción totalmente impropia y desafortunada, que en nada favorece a la necesaria imparcialidad que han de mantener los que imparten Justicia. Y esto no ha hecho más que empezar.

Pero a lo que íbamos: por fin ha dado comienzo la vista oral de la "pieza política" del caso de los ERE, una macrocausa por la que se investiga si el procedimiento de ayudas empleado por la Junta de Andalucía durante más de una década –las famosas transferencias de financiación– para socorrer a empresas en crisis y trabajadores en paro, era ilícito y, por ende, delictivo.

Eso es, exactamente, lo que sostienen la Fiscalía y la jueza de instrucción, quienes consideran que el Gobierno andaluz diseñó un procedimiento a sabiendas de su ilicitud para subvencionar, mediante la partida 31L del Presupuesto andaluz, unas ayudas de forma opaca que no requerían el control de la Intervención General.

Ese fondo era el que manejaba arbitrariamente el ex director general de Empleo, Javier Guerrero ("fondo de reptiles", lo denominaba), para conceder tales ayudas a trabajadores y empresas en crisis, y del que desvió recursos para favorecer a "intrusos" –personas, empresas y amigos que no reunían los requisitos exigidos para recibirlas–, cometiendo irregularidades graves en forma de prevaricación, malversación y otros delitos, por algunos de los cuales ya ha sido condenado.

Ahora, en esta pieza aparte de la causa, se debe resolver si los políticos de la cúpula de la Junta de Andalucía, los 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico que se sientan en el banquillo, estuvieron compinchados (asociación ilícita) para, con conocimiento de su ilegalidad, elaborar unos proyectos de ley presupuestarios que incluían, según la acusación, la "delictiva" partida 31L, aprobada cada año por el Parlamento andaluz.

Entre esos 22 investigados, acusados de diseñar partidas presupuestarias ilegales, figuran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía citados, seis exconsejeros y 14 ex altos cargos, a los que se les imputan delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y asociación ilícita.

Junto a ellos hay 117 testigos y una docena de peritos que deberán aportar testimonios que permitan dilucidar al tribunal si realmente, como establece la acusación, existió una trama política para idear un procedimiento de ayudas gubernamental, sin publicidad ni control, ajeno a la fiscalización del interventor de la Junta de Andalucía. Un sistema por el que se repartió, de forma opaca y arbitraria, más de 850 millones de euros en ayudas a empresas y trabajadores durante más de una década, desde el año 2000 al 2011.

En concreto, se cifra, según la Fiscalía Anticorrupción, en 741 millones de euros el dinero que fue a parar, no solo a socorrer a trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis, sino a comisionistas, intermediarios, sindicalistas, agencias colaboradoras y falsos trabajadores, gracias a una trama organizada desde la Consejería de Empleo, que actuaba, sorprendentemente, sin ningún control y de manera arbitraria, es decir, corrupta.

Tal dispendio se nutría de las transferencias de financiación, un instrumento de ejecución presupuestaria que esquiva los controles previos de la Intervención General de la Junta, cuyo uso es perfectamente lícito para equilibrar las cuentas de empresas públicas y otros organismos.

Un procedimiento que de forma puntual también ha utilizado el Gobierno de la Nación para conceder 325 ayudas sociolaborales a trabajadores del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, subvencionadas por el Ministerio de Trabajo. Además, se trata de un instrumento bastante común en los presupuestos de otras comunidades autónomas, como Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Cataluña o Baleares, por ejemplo.

El quid de la cuestión es, pues, determinar si los altos cargos del Gobierno andaluz encausados cometieron responsabilidad penal al permitir la utilización de una partida presupuestaria destinada a subvencionar ayudas sociolaborales y, como sostiene la jueza Alaya, si planificaron tal mecanismo para sortear intencionadamente los controles de Intervención, lo cual favoreció la creación de una red de corrupción que se extendió desde la Consejería de Empleo hasta las empresas, agencias, políticos y falsos trabajadores que se beneficiaron de ella.

Se juzga, por tanto, algo más que las irregularidades de un procedimiento administrativo carente de control y transparencia, sino también toda la política impulsada por la Junta de Andalucía para subvencionar trabajadores afectados por ERE y empresas inmersas en problemas de viabilidad.

Tal es la magnitud de las acusaciones a las que se enfrentan esos 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo. Independientemente del veredicto a que llegue la Sala, la responsabilidad política de todos ellos ya ha sido asumida al abandonar todo cargo público, darse de baja como militantes del Partido Socialista y demostrar, cosa que nadie cuestiona, que no se lucraron ni se apropiaron del dinero de los contribuyentes.

Queda por ver si, después de cerca de dos lustros poniendo en duda la honorabilidad de las personas y la confianza en las instituciones, una eventual sentencia absolutoria podría reparar el inmenso daño ocasionado a unos y otros, máxime si todavía la inquina y las sospechas impregnan las manifestaciones de quienes están obligados a la imparcialidad y la prudencia en todo momento, tengan o no "vela en este entierro".

En cualquier caso, queda mucho juicio por delante y mucha expectación, puesto que la vista oral de la pieza "política" del caso de los ERE enjuicia, también, una época y una forma de hacer política. Ahí es nada.

DANIEL GUERRERO

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