El Parlamento andaluz ha aprobado la nueva Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que viene a ampliar la normativa vigente desde 2007, potenciando el papel de la coeducación como herramienta principal para promover una sociedad igualitaria, libre de discriminación de género y de violencia machista. Para ello, la nueva ley introduce el carácter obligatorio y transversal de la coeducación en todas las etapas educativas.
De este modo, según la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "la norma garantiza que la administración educativa andaluza integrará la igualdad de género en el diseño y desarrollo curricular de las diferentes etapas educativas, incluyendo conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género". La ley prevé la creación de una comisión de personas expertas para la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares.
Para Sánchez Rubio, "reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión de igualdad es vital y la reforma garantiza el desarrollo de planes de obligatorios en todos los centros docentes y detallando todas las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos". Junto a ello, las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en Ciencias de la Educación.
La reforma legal prevé también la elaboración de un plan especial contra la desigualdad salarial, así como medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual. En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad.
Otra de las novedades de la ley es la incorporación de un régimen sancionador, que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad de género. De este modo, la ley contempla infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de sanciones accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
La creación de una carta de derechos de la mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, la elaboración de un plan integral contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, el derecho preferente de las mujeres víctimas de violencia de género en la adjudicación de viviendas protegidas o la creación del Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género son otras de las novedades que introduce la nueva ley.
De este modo, según la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "la norma garantiza que la administración educativa andaluza integrará la igualdad de género en el diseño y desarrollo curricular de las diferentes etapas educativas, incluyendo conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género". La ley prevé la creación de una comisión de personas expertas para la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares.
Para Sánchez Rubio, "reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión de igualdad es vital y la reforma garantiza el desarrollo de planes de obligatorios en todos los centros docentes y detallando todas las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos". Junto a ello, las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en Ciencias de la Educación.
La reforma legal prevé también la elaboración de un plan especial contra la desigualdad salarial, así como medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual. En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad.
Otra de las novedades de la ley es la incorporación de un régimen sancionador, que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad de género. De este modo, la ley contempla infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de sanciones accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
La creación de una carta de derechos de la mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, la elaboración de un plan integral contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, el derecho preferente de las mujeres víctimas de violencia de género en la adjudicación de viviendas protegidas o la creación del Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género son otras de las novedades que introduce la nueva ley.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
