El 26 de Mayo los electores designaran sus gestores para los próximos 4 años. Los ayuntamientos poseen recursos muy diversos para lograr sus objetivos, siempre anclados en el objetivo del bien común y en la defensa del interés general. Sin embargo, el recurso que poseen con una mayor capacidad de aportar valor añadido, los empleados públicos, es también el recurso más crítico. Conocida por todos son las anómalas relaciones entre gobierno y empleados públicos, la deficiente RPT (Relación de Puestos de Trabajo), retrasos en la oferta pública de empleo; Ante el nuevo paradigma que se describe, ¿qué propuestas concretas hacen los partidos políticos que concurren a las elecciones?
La Administración pública es social por definición. Su función es la defensa del bien común y del interés general. Los términos bien común e interés general implican una clara dimensión social. No hay otro sentido posible que identificar bien común e interés general con la protección de la sociedad y, dentro de ella, con la preocupación por el bienestar de los ciudadanos más vulnerables, desprotegidos y menos afortunados. En mi opinión bien común e interés general no son palabras huecas o abstractas, sino un mandato inexcusable de defender, proteger y ayudar a la parte más frágil de la sociedad, aquella que tuvo menos oportunidades.
Por otra parte, la nueva economía, en el contexto de la globalización y de las revoluciones tecnológicas 2.0 y 4.0, está ampliando el espectro de marginalidad social, hasta el punto que este concepto pierde su sentido. La parte vulnerable de la sociedad ya no son unos pocos, un residual porcentaje, sino que la renovación económica y cambios estructurales del mercado de trabajo y sus consecuencias, precarización y bajos salarios, está ubicando en una situación delicada a buena parte de los que antes formaban las clases medias. En este sentido, desgraciadamente, el interés general y el bien común ya no implica exclusivamente atender de manera preferente a una pequeña parte de la sociedad sino a una parte cada día más mayoritaria.
La Administración pública y su defensa del bien común y del interés general tiene una cierta mala imagen, muchas personas la identifican como una farsa basada en la “colonización” de las instituciones públicas por parte de las élites más favorecidas (antes en orden de apellidos y ahora en orden de las direcciones de partidos ) que imponen sus criterios e intereses a una masa entre despreocupada o deliberadamente marginada en todos los niveles institucionales. Unas instituciones públicas dominadas durante mucho tiempo por la mediocridad generan todo tipo de desconfianzas.
Por tanto, una posición progresista (en el sentido más literal del término) es aquella que defiende a las administraciones públicas para su defensa del bien común y del interés general. Dicho de otra manera: quien defiende a la Administración pública es progresista ya que apuesta por unas instituciones que intentan corregir y atenuar los desequilibrios e injusticias que provoca el mercado.
Para que la Administración pública pueda cumplir con su función social es imprescindible que sea eficaz y eficiente en sus funciones de regulación y disciplina económica y social y en su amplia cartera de servicios públicos. Una Administración moderna, fluida y líder en la implantación de la tecnología más vanguardista.
Una de las principales amenazas para que una Administración Local pueda ser más social con la ciudadanía, tiene que ver con otro discurso que defiende la función social de la Administración a nivel interno. Los sindicatos y los empleados públicos corporativizados son los protagonistas de este segundo discurso social en la Administración Local. Defienden, legítimamente, con empeño los derechos laborales y económicos adquiridos por los empleados públicos.
El problema es cuando esta defensa en exclusiva atiende a principios codiciosos e interesados y ponen en riesgo la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia de la Administración Local. Por ejemplo, en determinados departamentos del Ayuntamiento el gasto en materia de personal es claramente excesivo por unos acuerdos y tablas retributivas excesivamente generosas (fruto de negociaciones con gobiernos locales pusilánimes y enfocados en apagar fuegos ante la opinión pública).
A nivel más general, el problema es que los costes laborales son excesivos no por las retribuciones de los empleados públicos sino por las prebendas que afectan a sus jornadas laborales; carencia de evaluación del desempeño y rendimiento, escaso reciclaje profesional o conciliaciones excesivas. En este sentido, la defensa social de los empleados públicos correlaciona con una Administración pública cada vez menos solvente para resolver los problemas sociales de la ciudadanía. Es obvio que hay que defender una Administración pública que tenga en su seno a empleados públicos que, como buenos profesionales, estén bien retribuidos y con unas condiciones de trabajo confortables que los motiven para ser todavía mejores profesionales. Pero no hay que confundir estos principios con lo que claramente son los excesos que ponen en peligro la viabilidad de la Administración pública y de sus funciones sociales.
Presento estas reflexiones ante los análisis (en su mayoría especulaciones) que realizan algunos especialistas en gestión pública en relación a la introducción de la inteligencia artificial y la digitalización de procesos en la Administración Local. Esta revolución, la digital, es totalmente inevitable y, por tanto, hay que asumirla de la manera más constructiva posible sin caer en resistencias que pueden provocar que el sector público pierda este tren vinculado con la innovación. La inteligencia artificial y digitalización puede ser un instrumento que haga mucho más eficaz y eficiente a la Administración Local en su defensa del bien común y del interés general.
Una Administración mucho más solvente técnica y económicamente para cuidar de su función social: atender a los ciudadanos y, en especial, a aquellos más vulnerables (ancianos, niños y a los trabajadores más marginados y maltratados por la propia revolución tecnológica). La digitalización puede facilitar servicios sociales de calidad con costes económicos mucho más bajos que los actuales. Puede encargarse de las tareas repetitivas vinculadas a la burocracia y liberar a un ejército de empleados públicos para que se encarguen de nuevas tareas con mayor valor público. En definitiva, una Administración pública digitalizada es una Administración mucho más social y progresista.
Pero para que la Administración pública pueda liderar este proceso de revolución tecnológica tiene que librarse de la etiqueta social a nivel interno. Es obvio que esta migración tecnológica va a hacer innecesarios a muchos perfiles de empleados públicos que ya no hay que reponer una vez se jubilen. Pero las resistencias sindicales y corporativas son enormes y la tendencia es que un conductor, un conserje o un auxiliar administrativo se reponga cuando se jubile el titular.
Estamos hablando de puestos de trabajo y de perfiles que van a ser totalmente innecesarios en el futuro (y buena parte de ellos ya son innecesarios en el presente). Esta perversa dinámica de defensa social solo para unos pocos puede poner en riesgo la adaptación de la Administración pública al actual cambio de paradigma tecnológico y laboral. El resultado será una menor capacidad de defensa social para la mayoría de la sociedad ante la insolvencia organizativa y laboral de la Administración.
Ya me imagino la defensa conceptual que van a hacer los empleados públicos corporativizados del sector público en forma de eslogan: “Una Administración Local libre de robots. Apostamos por el calor humano”. Dos frases afortunadas que representan una impostura y que escoden un gran egoísmo corporativo y sindical. Nos jugamos, ahora más que nunca, la supervivencia de una Administración Local de carácter social por la confusión entre sus dos planos sociales.
La captura del concepto social de alta intensidad (asociado al bien común y al interés general) por el concepto social de baja intensidad (que intenta favorecer contra corriente a unos cuantos empleados públicos y a un sistema de relaciones laborales totalmente obsoleto). Es la gran paradoja: hacer políticas aparentemente de izquierdas en el seno de la Administración genera inevitablemente una Administración pública bajo parámetros del neoliberalismo.
La Administración pública es social por definición. Su función es la defensa del bien común y del interés general. Los términos bien común e interés general implican una clara dimensión social. No hay otro sentido posible que identificar bien común e interés general con la protección de la sociedad y, dentro de ella, con la preocupación por el bienestar de los ciudadanos más vulnerables, desprotegidos y menos afortunados. En mi opinión bien común e interés general no son palabras huecas o abstractas, sino un mandato inexcusable de defender, proteger y ayudar a la parte más frágil de la sociedad, aquella que tuvo menos oportunidades.
Por otra parte, la nueva economía, en el contexto de la globalización y de las revoluciones tecnológicas 2.0 y 4.0, está ampliando el espectro de marginalidad social, hasta el punto que este concepto pierde su sentido. La parte vulnerable de la sociedad ya no son unos pocos, un residual porcentaje, sino que la renovación económica y cambios estructurales del mercado de trabajo y sus consecuencias, precarización y bajos salarios, está ubicando en una situación delicada a buena parte de los que antes formaban las clases medias. En este sentido, desgraciadamente, el interés general y el bien común ya no implica exclusivamente atender de manera preferente a una pequeña parte de la sociedad sino a una parte cada día más mayoritaria.
La Administración pública y su defensa del bien común y del interés general tiene una cierta mala imagen, muchas personas la identifican como una farsa basada en la “colonización” de las instituciones públicas por parte de las élites más favorecidas (antes en orden de apellidos y ahora en orden de las direcciones de partidos ) que imponen sus criterios e intereses a una masa entre despreocupada o deliberadamente marginada en todos los niveles institucionales. Unas instituciones públicas dominadas durante mucho tiempo por la mediocridad generan todo tipo de desconfianzas.
Por tanto, una posición progresista (en el sentido más literal del término) es aquella que defiende a las administraciones públicas para su defensa del bien común y del interés general. Dicho de otra manera: quien defiende a la Administración pública es progresista ya que apuesta por unas instituciones que intentan corregir y atenuar los desequilibrios e injusticias que provoca el mercado.
Para que la Administración pública pueda cumplir con su función social es imprescindible que sea eficaz y eficiente en sus funciones de regulación y disciplina económica y social y en su amplia cartera de servicios públicos. Una Administración moderna, fluida y líder en la implantación de la tecnología más vanguardista.
Una de las principales amenazas para que una Administración Local pueda ser más social con la ciudadanía, tiene que ver con otro discurso que defiende la función social de la Administración a nivel interno. Los sindicatos y los empleados públicos corporativizados son los protagonistas de este segundo discurso social en la Administración Local. Defienden, legítimamente, con empeño los derechos laborales y económicos adquiridos por los empleados públicos.
El problema es cuando esta defensa en exclusiva atiende a principios codiciosos e interesados y ponen en riesgo la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia de la Administración Local. Por ejemplo, en determinados departamentos del Ayuntamiento el gasto en materia de personal es claramente excesivo por unos acuerdos y tablas retributivas excesivamente generosas (fruto de negociaciones con gobiernos locales pusilánimes y enfocados en apagar fuegos ante la opinión pública).
A nivel más general, el problema es que los costes laborales son excesivos no por las retribuciones de los empleados públicos sino por las prebendas que afectan a sus jornadas laborales; carencia de evaluación del desempeño y rendimiento, escaso reciclaje profesional o conciliaciones excesivas. En este sentido, la defensa social de los empleados públicos correlaciona con una Administración pública cada vez menos solvente para resolver los problemas sociales de la ciudadanía. Es obvio que hay que defender una Administración pública que tenga en su seno a empleados públicos que, como buenos profesionales, estén bien retribuidos y con unas condiciones de trabajo confortables que los motiven para ser todavía mejores profesionales. Pero no hay que confundir estos principios con lo que claramente son los excesos que ponen en peligro la viabilidad de la Administración pública y de sus funciones sociales.
Presento estas reflexiones ante los análisis (en su mayoría especulaciones) que realizan algunos especialistas en gestión pública en relación a la introducción de la inteligencia artificial y la digitalización de procesos en la Administración Local. Esta revolución, la digital, es totalmente inevitable y, por tanto, hay que asumirla de la manera más constructiva posible sin caer en resistencias que pueden provocar que el sector público pierda este tren vinculado con la innovación. La inteligencia artificial y digitalización puede ser un instrumento que haga mucho más eficaz y eficiente a la Administración Local en su defensa del bien común y del interés general.
Una Administración mucho más solvente técnica y económicamente para cuidar de su función social: atender a los ciudadanos y, en especial, a aquellos más vulnerables (ancianos, niños y a los trabajadores más marginados y maltratados por la propia revolución tecnológica). La digitalización puede facilitar servicios sociales de calidad con costes económicos mucho más bajos que los actuales. Puede encargarse de las tareas repetitivas vinculadas a la burocracia y liberar a un ejército de empleados públicos para que se encarguen de nuevas tareas con mayor valor público. En definitiva, una Administración pública digitalizada es una Administración mucho más social y progresista.
Pero para que la Administración pública pueda liderar este proceso de revolución tecnológica tiene que librarse de la etiqueta social a nivel interno. Es obvio que esta migración tecnológica va a hacer innecesarios a muchos perfiles de empleados públicos que ya no hay que reponer una vez se jubilen. Pero las resistencias sindicales y corporativas son enormes y la tendencia es que un conductor, un conserje o un auxiliar administrativo se reponga cuando se jubile el titular.
Estamos hablando de puestos de trabajo y de perfiles que van a ser totalmente innecesarios en el futuro (y buena parte de ellos ya son innecesarios en el presente). Esta perversa dinámica de defensa social solo para unos pocos puede poner en riesgo la adaptación de la Administración pública al actual cambio de paradigma tecnológico y laboral. El resultado será una menor capacidad de defensa social para la mayoría de la sociedad ante la insolvencia organizativa y laboral de la Administración.
Ya me imagino la defensa conceptual que van a hacer los empleados públicos corporativizados del sector público en forma de eslogan: “Una Administración Local libre de robots. Apostamos por el calor humano”. Dos frases afortunadas que representan una impostura y que escoden un gran egoísmo corporativo y sindical. Nos jugamos, ahora más que nunca, la supervivencia de una Administración Local de carácter social por la confusión entre sus dos planos sociales.
La captura del concepto social de alta intensidad (asociado al bien común y al interés general) por el concepto social de baja intensidad (que intenta favorecer contra corriente a unos cuantos empleados públicos y a un sistema de relaciones laborales totalmente obsoleto). Es la gran paradoja: hacer políticas aparentemente de izquierdas en el seno de la Administración genera inevitablemente una Administración pública bajo parámetros del neoliberalismo.
GUILLERMO JIMÉNEZ
